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En una jugada que ha sacudido el panorama regulatorio de Estados Unidos, Coinbase, el gigante de las criptomonedas, ha pasado a la ofensiva. La compañía presentó una demanda contra los más altos funcionarios de Oregón, incluyendo a la gobernadora Tina Kotek y al fiscal general Dan Rayfield. ¿La razón? Un cambio de política sobre las criptomonedas tan abrupto y opaco que, según Coinbase, huele a decisiones tomadas a puerta cerrada.
El misterioso giro de 180 grados de Oregón
Durante años, la postura de Oregón fue clara: los activos digitales no eran considerados «securities» (valores) y, por lo tanto, no estaban sujetos a las mismas regulaciones que las acciones de una empresa. Sin embargo, en abril de este año, todo cambió.
De la noche a la mañana, y sin un debate público o una nueva ley de por medio, la Fiscalía General de Oregón demandó a Coinbase, acusándola de operar ilegalmente por no haberse registrado como un vendedor de valores.
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«La luz del sol es el mejor desinfectante»: La demanda de Coinbase
Coinbase no se quedó de brazos cruzados. Su contraataque no busca una compensación económica, sino algo mucho más importante: transparencia.
Amparándose en la Ley de Registros Públicos de Oregón, la demanda de Coinbase exige que el estado entregue toda la documentación, correos y comunicaciones internas que expliquen el porqué de este cambio radical.
«La luz del sol es el mejor desinfectante y la transparencia es el sello de un buen gobierno», afirmó Ryan VanGrack, Vicepresidente de Litigios de Coinbase, al anunciar la acción legal.
En esencia, Coinbase está diciendo: «Si cambiaron las reglas del juego, queremos saber quién, cómo y por qué lo decidieron sin consultar a nadie».
El panorama general: una batalla local con implicaciones nacionales
Este enfrentamiento en Oregón no es un hecho aislado. Ocurre en un momento clave para el futuro de las criptomonedas en Estados Unidos.
El fantasma de la SEC
La demanda de Oregón parece un intento de revivir los argumentos de un caso que la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) ya había perdido. En 2023, la SEC acusó a Coinbase de violar las leyes de valores, pero el caso fue desestimado bajo la administración actual. Curiosamente, ningún otro estado ha seguido los pasos de Oregón.
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El Congreso está a punto de legislar
Lo más irónico, según Coinbase, es el timing. El Congreso de EE. UU. está a punto de votar dos leyes bipartidistas, la CLARITY Act y la GENIUS Act, diseñadas precisamente para crear un marco regulatorio federal claro y transparente para los activos digitales.
«No puedo imaginar un momento más ilógico para que un estado se entrometa, cuando el gobierno federal ha dejado muy claro que este es su dominio», sentenció VanGrack.
Mientras tanto, las oficinas de la gobernadora Kotek y del fiscal Rayfield han guardado silencio, sin responder a las solicitudes de comentarios. La batalla por la transparencia apenas comienza, y su resultado podría sentar un precedente crucial para la industria cripto en todo el país.
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